1 de noviembre de 2013

Alertan del grave estado de salud de un activista saharaui encarcelado




El preso político Laroussi Abdeljalil Lemghaimad, encarcelado desde 2010 por la reivindicación de un Sáhara libre y condenado a cadena perpetua en febrero pasado por el Estado de Marruecos, corre un grave riesgo de muerte inminente por su delicado estado de salud, según informaciones publicadas en la web de porunsaharalibre.org.
La administración de la cárcel de Sale (Marruecos) ha ignorado las peticiones de familiares y organizaciones de derechos mumanos que reclaman a las autoridades penitenciarias marroquíes la inmediata hospitalización del militante saharaui, según la misma fuente. El activista está sufriendo reiterados subidas de tensión arterial que le han llegado a provocar hemorragias nasales y pérdidas de conciencia de más de una hora, según afirman en la web.
El pasado día 23 de octubre trasladaron al preso político, perteneciente al grupo de Gdeim Izik, al hospital de Soussi, donde le realizaron unos exámenes médicos con el fin de medir su presión arterial. La proporción era muy alta, por lo se le sometió a un control de su frecuencia cardíaca y de presión arterial durante unas 24 horas. Tras ese tiempo fue de nuevo trasladado a la prisión donde se encuentra encarcelado.
Laroussi fue detenido el 12 de noviembre de 2010 durante el salvaje desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik, un asentamiento de protesta levantado por 20.000 residentes del Sáhara Occidental en las intermediaciones de El Aaiún, cuando reivindicaban al gobierno de Mohamed VI el cumplimiento de unas condiciones de vida y unos derechos que son vulnerados desde la ocupación marroquí en el año 1975.
El 8 de noviembre de 2010, el campamento fue desmantelado violentamente por las fuerzas de seguridad del Estado marroquí, con el resultado de cientos de heridos, la muerte de tres saharauis y once policías marroquíes.
Tras las detenciones, un tribunal militar marroquí juzgó a finales del mes de febrero a 24 civiles saharauis. Ocho de ellos fueron condenados a cadena perpetua y el resto a penas de 25 a 30 años de cárcel por los supuestos delitos de “violencia contra las fuerzas del orden con resultado de muerte, premeditación y mutilación de cadáveres, en grado de autoría o de complicidad”.
Los observadores internacionales que presenciaron el juicio criticaron la escasa solidez de las pruebas presentadas por la acusación y coinciden en que se trata de un juicio político en contra de la resistencia saharaui ante la ocupación marroquí del territorio.
El eurodiputado de IU Willy Meyer fue testigo directo de la celebración del juicio, ya que asistió como observador internacional. “Marruecos ha vulnerado el derecho internacional escenificando un juicio militar con declaraciones arrancadas bajo tortura, con pruebas inconsistentes y fácilmente manipulables que, a juicio de numerosos observadores internacionales, se desarrolló vulnerando los derechos a una defensa justa”, criticó el parlamentario de IU.
Por su parte, la coordinadora de asociaciones de ayuda al pueblo saharaui, CEAS Sáhara, afirmó que “es vergonzoso que los mismos militares que invadieron el Sáhara Occidental hace 38 años condenen, sin ningún tipo de pruebas, a los jóvenes saharauis que pacíficamente luchan por la libertad de su pueblo”.

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