Fuente: cadenaser.com / Por Javier Álvarez
Los familiares sospechan que el retraso malicioso del permiso “sea consecuencia de la nueva política para acabar con la Justicia Universal”.
La Asociación de familiares de presos y desaparecidos saharauis denuncia que el consulado español en Argel no les ha concedido el visado para venir a España y prestar declaración en el juzgado de la Audiencia Nacional que investiga crímenes de Lesa Humanidad cometidos en 1976.
Los familiares sospechan que el retraso malicioso del permiso “sea consecuencia de la nueva política para acabar con la Justicia Universal”.
La Asociación de familiares de presos y desaparecidos saharauis denuncia que el consulado español en Argel no les ha concedido el visado para venir a España y prestar declaración en el juzgado de la Audiencia Nacional que investiga crímenes de Lesa Humanidad cometidos en 1976.
El juez Pablo Ruz ha citado para mañana a dos peritos forenses que elaboraron un informe sobre el hallazgo en dos fosas comunes en Samra (Sáhara Occidental) de varios cadáveres de saharauis presuntamente ejecutados por soldados marroquíes tras la ocupación del territorio. El magistrado ha citado también a varios familiares saharauis de las víctimas y a testigos de la matanza que tenían previsto viajar a Madrid desde el Sáhara Occidental, pero el visado no les ha llegado.
Según denuncia el presidente de la Asociación, Abdeslam Omar, desde el campamento de refugiados de Tinduf, el consulado español en Argel no ha contestado a las peticiones de los familiares y ha retrasado incluso, los trámites para concederles el visado necesario para viajar a España.
El presidente considera que se trata de un “grave precedente que les hace pesar que detrás de la negativa hay motivaciones políticas” y sospecha que “pueda tener relación con el proyecto del gobierno español de acabar con la Justicia Universal”.
Abdeslam Omar considera que la declaración de los familiares es muy importante para la investigación del juez Pablo Ruz porque se trata de “testigos presenciales de los asesinatos que eran niños cuando ocurrieron los hechos el 12 de febrero 1976 pero que pueden identificar a los militares agresores”.
El magistrado tomará declaración a científicos forenses de la Universidad del País Vasco como responsables del descubrimiento en junio de 2013 de una fosa común con ocho cadáveres de saharauis (seis adultos y dos menores, algunos de ellos con documentación española)
Peritos españoles
El perito Carlos Martín Beristáin y el psicólogo Francisco Etxeberria aportarán al magistrado el material fotográfico, documental y genético que reunieron en su investigación forense de las fosas con el fin de incorporarlo a la causa. El informe ‘Meheiriz, “la esperanza posible’, elaborado por los investigadores vascos, ha permitido documentar por primera vez ejecuciones extrajudiciales de saharauis por parte del Ejército de Marruecos.
El informe de la exhumación de las fosas también aporta pruebas sobre la identidad de las ocho personas asesinadas. Carnés de identidad, restos óseos agujereados por proyectiles de fusil militar, exámenes de ADN que establecen correspondencia con familiares o diversos objetos identificativos, son algunas de las pruebas custodiadas por el equipo forense del País Vasco que llevó a cabo la exhumación.
Querella contra los militares
La querella fue admitida a trámite en 2007 y representada por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos-Asadeh y tres víctimas de los hechos. El Juzgado de Instrucción número 5 investiga a altos mandos militares del ejército de Marruecos por el secuestro, tortura y asesinato de casi 600 saharauis desde que en 1975 tras la firma de los Acuerdos Tripartitos de Madrid, se produjera la retirada de las autoridades españolas de la antigua colonia (la provincia numero 53) ocasionando la violenta invasión del Sáhara Occidental por parte del reino de Marruecos.
Entre los 31 querellados figura el ex ministro del Interior marroquí Dris Basri y Yassine Mansouri consejero especial del rey de Marruecos. Además. se encuentran el ministro de Comunicación del Frente Polisario, Sidahmed Battal; el exministro de Defensa, Jandoud Mohamed; el fiscal de esta organización, Sidi Wagag; y miembros de la seguridad militar en los campos de Tinduf (Argelia) y en la prisión de Rachid.
La acción penal también se dirige contra el general Omari, actual embajador de Argelia en Marruecos; Nabil Kadour, oficial de la Seguridad Argelina agregado militar en la Embajada de Mauritania; el ex director general de la seguridad militar del Polisario y responsable de las relaciones con la ONU en Nueva York, Mohamed Jadad, o Nadim Benaser, oficial del Ejército argelino en la Región de Tindouf.
Según denuncia el presidente de la Asociación, Abdeslam Omar, desde el campamento de refugiados de Tinduf, el consulado español en Argel no ha contestado a las peticiones de los familiares y ha retrasado incluso, los trámites para concederles el visado necesario para viajar a España.
El presidente considera que se trata de un “grave precedente que les hace pesar que detrás de la negativa hay motivaciones políticas” y sospecha que “pueda tener relación con el proyecto del gobierno español de acabar con la Justicia Universal”.
Abdeslam Omar considera que la declaración de los familiares es muy importante para la investigación del juez Pablo Ruz porque se trata de “testigos presenciales de los asesinatos que eran niños cuando ocurrieron los hechos el 12 de febrero 1976 pero que pueden identificar a los militares agresores”.
El magistrado tomará declaración a científicos forenses de la Universidad del País Vasco como responsables del descubrimiento en junio de 2013 de una fosa común con ocho cadáveres de saharauis (seis adultos y dos menores, algunos de ellos con documentación española)
Peritos españoles
El perito Carlos Martín Beristáin y el psicólogo Francisco Etxeberria aportarán al magistrado el material fotográfico, documental y genético que reunieron en su investigación forense de las fosas con el fin de incorporarlo a la causa. El informe ‘Meheiriz, “la esperanza posible’, elaborado por los investigadores vascos, ha permitido documentar por primera vez ejecuciones extrajudiciales de saharauis por parte del Ejército de Marruecos.
El informe de la exhumación de las fosas también aporta pruebas sobre la identidad de las ocho personas asesinadas. Carnés de identidad, restos óseos agujereados por proyectiles de fusil militar, exámenes de ADN que establecen correspondencia con familiares o diversos objetos identificativos, son algunas de las pruebas custodiadas por el equipo forense del País Vasco que llevó a cabo la exhumación.
Querella contra los militares
La querella fue admitida a trámite en 2007 y representada por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos-Asadeh y tres víctimas de los hechos. El Juzgado de Instrucción número 5 investiga a altos mandos militares del ejército de Marruecos por el secuestro, tortura y asesinato de casi 600 saharauis desde que en 1975 tras la firma de los Acuerdos Tripartitos de Madrid, se produjera la retirada de las autoridades españolas de la antigua colonia (la provincia numero 53) ocasionando la violenta invasión del Sáhara Occidental por parte del reino de Marruecos.
Entre los 31 querellados figura el ex ministro del Interior marroquí Dris Basri y Yassine Mansouri consejero especial del rey de Marruecos. Además. se encuentran el ministro de Comunicación del Frente Polisario, Sidahmed Battal; el exministro de Defensa, Jandoud Mohamed; el fiscal de esta organización, Sidi Wagag; y miembros de la seguridad militar en los campos de Tinduf (Argelia) y en la prisión de Rachid.
La acción penal también se dirige contra el general Omari, actual embajador de Argelia en Marruecos; Nabil Kadour, oficial de la Seguridad Argelina agregado militar en la Embajada de Mauritania; el ex director general de la seguridad militar del Polisario y responsable de las relaciones con la ONU en Nueva York, Mohamed Jadad, o Nadim Benaser, oficial del Ejército argelino en la Región de Tindouf.
