 La violación sistemática de los derechos humanos de la población saharaui en los territorios ocupados es una triste realidad desde hace más de tres décadas. Pero la forma en que el Ejército marroquí procedió a desmantelar el campamento de Agdaym Izik y la represión posterior desplegada a lo largo de todo el territorio han llevado la situación al límite. Estamos ante graves violaciones de derechos humanos, que no son más que la consecuencia última de otra grave violación: la del derecho a la libre determinación del pueblo saharaui, afirmado con rotundidad por la ONU.
España tiene la obligación jurídica de promover el ejercicio del derecho a la libre determinación del pueblo saharaui, pues es, de iure, la potencia administradora del territorio. Mediante los acuerdos tripartitos de Madrid, España entregó el territorio a quienes, tal y como ya había afirmado la Corte Internacional de Justicia, no tenían título jurídico sobre él. Como ha señalado la Asamblea General de la ONU, un Estado no pierde la condición de potencia administradora, ni queda liberado del cumplimiento de las obligaciones que se derivan de ella, por el simple hecho de afirmarlo.
En consecuencia, tal y como estableciera la Asamblea General en 1979, Marruecos es la potencia ocupante ilegal del territorio, de la misma forma que lo es Israel en los territorios ocupados palestinos. Por ello, Marruecos viola sistemáticamente, entre otros, el IV Convenio de Ginebra, que establece las obligaciones de la potencia ocupante, entre las que destaca la prohibición de trasladar parte de su propia población al territorio ocupado
(art. 49). En la actualidad, se estima que en el territorio hay cuatro colonos marroquíes por cada saharaui.
Como consecuencia de la ilegalidad de la ocupación del territorio por Marruecos, ningún Estado, ni siquiera Francia, su más fiel e incondicional aliado, ha reconocido la anexión. Por esta misma razón, tal y como ha señalado la Asesoría Jurídica de la ONU y ha corroborado el Parlamento Europeo en sendos dictámenes, la explotación de los recursos naturales saharauis sin el visto bueno de sus representantes (Frente Polisario), y sin que repercuta en beneficio de la población saharaui, constituye una violación del Derecho Internacional. La Unión Europea, que alardea de defender los derechos humanos en el mundo, condicionando la aplicación de sus acuerdos con terceros estados al respeto por estos de los derechos humanos, mira a otro lado cuando se trata de Marruecos y viola conscientemente el Derecho Internacional.
Pero merece la pena analizar, siquiera someramente, los argumentos del Ejecutivo español para no condenar la situación actual y no apoyar decididamente la aplicación del Derecho Internacional. Apoyar la libre determinación del pueblo saharaui no supone ponerse del lado de una de las partes, sino simple y llanamente defender la aplicación del Derecho Internacional, lo que, además, ya hiciera en el conflicto de Irak.
Un argumento ya clásico es que España mantiene una posición de “neutralidad activa” ante el conflicto. Pero la neutralidad no existe en Derecho: quien no apoya su cumplimiento está apoyando su violación. Por otra parte, nuestro Gobierno ha llegado a sostener que Marruecos podría considerar tal condena como una injerencia en sus asuntos internos. Pues bien, desde la aprobación de la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, de la que ahora se cumplen 50 años, y que sentó en gran medida las bases de la descolonización, está fuera de cualquier discusión mínimamente rigurosa el hecho de que no se trata de un asunto interno marroquí, sino internacional, porque el Sáhara Occidental es un territorio pendiente de descolonización y no forma parte del territorio marroquí.
Tras su victoria electoral, el Gobierno socialista afirmó que los principios éticos y el respeto del Derecho Internacional inspirarían su acción exterior, pero ahora son los “intereses nacionales” los que prevalecen sobre aquellos. Pero es que, además, de la forma en que está actuando ni siquiera está garantizado ese interés nacional, pues Ceuta y Melilla han sido y seguirán siendo moneda de cambio en nuestras relaciones con Rabat, con o sin Sáhara por medio; la inmigración ilegal seguirá siendo organizada desde las costas saharauis y marroquíes por quienes pretenden luchar contra ella; y la eficacia de Marruecos como freno a la entrada del integrismo terrorista en Europa –que, por otra parte, es abiertamente rechazado por la sociedad saharaui, que practica una versión abierta del islam– puede, al menos, ponerse en entredicho tras los atentados de Casablanca (contra la Casa de España, en 2003) y Madrid (2004).
Tras tres lustros de guerra de liberación nacional, en 1991 el Frente Polisario decidió sustituir las armas por las urnas, en la confianza de que Naciones Unidas sería capaz de llevar a buen puerto un Plan de Paz que había sido negociado libremente por las partes. Pero, desde su puesta en marcha, este Plan fue boicoteado por Marruecos, tal y como ha denunciado, entre otros, James Baker. Existe ya un censo para el referéndum confeccionado por Naciones Unidas, pero el veto francés impide su celebración. Mientras el Plan de Paz continúa estancado y en el Sáhara ocupado se producen estas graves violaciones de derechos humanos, nuestro país se preocupa de su interés nacional, la Unión Europea del suyo y Naciones Unidas se limitan a “deplorarlas”. En esta tesitura, si finalmente se le impide al pueblo saharaui decidir libremente su futuro mediante un referéndum de autodeterminación, en los términos que establecen las resoluciones de Naciones Unidas, nadie le podrá acusar de no haber explorado todas las vías pacíficas imaginables para poner fin a su sufrimiento. Juan Soroeta Liceras, Juan Miguel Ortega Tirol y otros 71 profesores de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de 32 universidades españolas, además de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH)
Público, 5 de enero de 2011 |
