BABY HAMADI, CIUDADANO ESPAÑOL ASESINADO POR LAS FUERZAS DE REPRESION MARROQUIES EN EL AAIUN
El magistrado Moreno y la Fiscalía de la Audiencia Nacional esperan desde hace dos meses a que Marruecos explique el asalto al campamento
La Audiencia Nacional descarta de momento abrir una causa por la muerte de un español en los disturbios de El Aaiún (Sáhara Occidental), acaecidos a principios de noviembre. El juez Ismael Moreno ha remitido un auto en el que rechaza pronunciase sobre la admisión de la querella, presentada por la Liga Española Pro Derechos Humanos, hasta que Marruecos no informe sobre si está investigando los hechos. Es la tercera vez en dos meses que el magistrado, con el apoyo de la Fiscalía, se opone a la petición de los querellantes, que han recurrido en apelación ante la Sala Penal.
La Liga Española Pro Derechos Humanos y la familia del español fallecido en los disturbios, Baby Hamday Buyema, de 35 años, consideran que el magistrado Moreno «persiste en su indefinición» y les niega la tutela judicial efectiva. Una espera que dura más de dos meses desde que el juez envió una comisión rogatoria a Marruecos. De momento no hay respuesta «ni se espera», a juicio de los querellantes, pese a que el ministro del Interior marroquí, Taib Cherkaui, dijo en España que la Fiscalía de El Aaiún ya estaba investigando los hechos.
Divergencias
En su auto, el juez Moreno recuerda que el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dice que la Audiencia es competente para investigar los delitos de genocidio si hay conexión con España, como es el caso, «salvo que en otro país competente o en el seno de un Tribunal Internacional no haya una persecución efectiva de los hechos».
La Fiscalía admitió el 27 de noviembre que la Policía marroquí pudo haber cometido un delito de lesa humanidad al desmantelar el campamento saharaui, que dejó decenas de muertos y 600 detenidos, según las ONG. Sin embargo, el departamento que dirige Javier Zaragoza apoya que Rabat responda a la comisión rogatoria del juez antes de abrir una causa.
Los querellantes, por el contrario, consideran que no hace falta la respuesta de Marruecos para comenzar a la investigación, habida cuenta de que el Sáhara Occidental es un territorio «de derecho» ocupado ilegalmente por Marruecos y que España sigue siendo la potencia administradora. Así lo defendió la ONU en 2002, cuando declaró ilegal el Acuerdo de Madrid de 1975, por el que España transfirió la soberanía del territorio saharaui a una administración con Marruecos y Mauritania.
La ONG señala que detrás de la postura de la Fiscalía podría estar la negativa del Gobierno a abrir un nuevo frente diplomático con Marruecos. Asimismo recuerda que otra querella sobre ataques a la población saharaui que sí ha prosperado es la que tramita el juez Pablo Ruz. En esa causa se investiga posibles delitos de genocidio acaecidos entre 1976 y 1987. El magistrado citó a declarar a la activista Aminatu Haidar el próximo 10 de marzo.
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