En la noche del pasado sábado los cooperantes españoles Enrique Gonyalons y Ainhoa Fernández y la italiana Rosella Urru fueron secuestrados en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf. La RASD (República Árabe Democrática Saharaui) acaba de confirmar esta mañana la autoría: AQMI (Al Qaeda en el Magreb Islámico). Mientras y a punto de abandonar el Gobierno, Trinidad Jiménez realiza su primera visita oficial a Marruecos. Los motivos reales de la visita son los mismos por los que el Gobierno español -que no España- da la espalda a los saharauis en favor de Marruecos: la cooperación contra la inmigración ilegal y el narcotráfico y el impulso de las inversiones económicas. Ni más, ni menos. Ya lo vivimos hace un año, en un encuentro en Madrid entre Jiménez y su homólogo marroquí, Taieb Fassi Fihri. Entonces apenas había pasado un mes de los asesinatos y torturas llevadas a cabo por Marruecos durante y tras el desmantelamiento del campamento Gdeim Izik y Jiménez, ignorando los informes de Human Rights Watch, fue muy clara al evitar depurar responsabilidades y asegurar que “ningún suceso va a alterar la relación que tenga la Unión Europea con Marruecos”. Y así fue.
Ahora, desde Rabat, la ministra de Exteriores ha anunciado que España “ha pedido a las Naciones Unidas que envíe una comisión que valore la situación de seguridad en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf”. Tiene gracia que pida la intervención de la ONU, la misma que lleva años negándose a incluir en el mandato de la MINURSO (Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental) el respeto por los Derechos Humanos. La misma MINURSO, por otro lado, que en agosto de 2010 no recibió a los cooperantes de SaharAcciones que habían sido brutalmente apaleados por la policía marroquí en El Aaiún porque era domingo. Y eso que hace pocos días, Trinidad Jiménez aseguró en TVE que “la cuestión del Sáhara Occidental, a diferencia de la palestina, no es un problema de convivencia”.
Y tiene gracia que ahora, cuando la amenaza ha sido en territorio argelino y no marroquí, el Gobierno español pida la seguridad de los cooperantes españoles. Cuando se produjo el desmantelamiento de Gdeim Izik, en los territorios ocupados ilegalmente por Marruecos y hoy por hoy bajo su soberanía, no hizo lo mismo. De hecho, los activistas de Sahara Thawra, Silvia García y Javier Sopeña, denunciaron cómo el Gobierno español actuó con negligencia. La única ayuda que prestó Mariano Collado, que actuaba entonces como cónsul desde Casa España, fue la de refugio en sus instalaciones, nada más, sin prestar escolta para llegar hasta allí desde los escondites en que se encontraban los activistas, tratando de eludir las palizas que otros cooperantes extranjeros ya habían recibido por parte de policías marroquís que asediaban El Aaiún..
Ahora, Taieb Fassi Fihri responsabiliza a Argelia de la seguridad de los campamentos preguntando cómo se ha podido producir “una intervención por la noche en una de las regiones más militarizadas y en un campo que dispone de la seguridad ofrecida por Argelia y el Polisario”. También tiene gracia que hable de militarización el mismo Gobierno que levanta un Muro de la Vergüenza que divide el Sáhara Occidental y que se extiende a lo largo de más de 2.700 kilómetros -20 veces más que el Muro de Berlín-, un muro que cuenta con más de 100.000 soldados desplegados y varios cientos de miles de minas antipersona (muchas de ellas ‘made in Spain’).
Hay quienes ven detrás del secuestro a los propios Servicios de Inteligencia de Marruecos, que podría haber ideado el plan con una doble finalidad: en primer lugar, asestar a la RASD un duro golpe, pues con el secuestro se extiende el temor a viajar a los campamentos de refugiados por parte de los cooperantes o, lo que es lo mismo, se cierra el grifo a buena parte de los ingresos y ayuda humanitaria que recibe el pueblo saharaui. En segundo lugar, erigirse como los grandes héroes del secuestro al ser ellos mismos, los marroquís, quienes liberen a los cooperantes.
Personalmente, avalar esa teoría sin ningún tipo de pruebas me parece un tanto arriesgado, pero no podemos olvidar el hecho de que desde hace años Marruecos trata de contaminar el conflicto saharaui acusando a los campamentos de refugiados de ser viveros de terroristas de AQMI. De hecho, a principios de año, el régimen de Rabat publicó a los cuatro vientos la detención al pie del Muro de la Vergüenza de una supuesta red terrorista de 27 personas ligadas a AQMI. Algo que no evitó, no obstante, que cuatro meses después se produjera un atentando en la misma plaza Yemaa el Fna de Marrakech. El vínculo de campamentos de refugiados y terrorismo no sólo ha sido desmentido hasta la saciedad por la RASD, sino que los cables de EEUU filtrados por Wikileaks también confirmaban esta impermeabilidad al terrorismo islámico. Con todo y aún sin ser viveros, los terroristas se han infliltrado y, dados los abundantes check-points que el Polisario tiene desplegados por el territorio, es lógico pensar que han tenido que contar con cierto grado de complicidad.
Sea como fuere, Marruecos trata de sacar partido a toda costa y un día antes de que el embajador Christopher Ross informe al Consejo de Seguridad sobre la situación en el Sáhara Occidental, el ministro marroquí cuestiona “qué ley se aplica en los campos de Tinduf” pues se trata de “un espacio de no derecho en el que no se conoce quién está encargado de la seguridad”. Si el territorio argelino, cedido voluntariamente a la RASD para que pueda sobrevivir el pueblo saharaui, es un espacio de no derecho, ¿qué es el Sáhara Occidental, ilegalmente ocupado y cuya soberanía marroquí no está reconocida legalmente por el Derecho Internacional?
Estos días en Rabat, Trinidad Jiménez debería hacerse ésta y otras muchas preguntas en la relación hispano-marroquí.
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