Por Pedro Canales/Corresponsal en El Magreb
08-05-2012 El Imparcial
08-05-2012 El Imparcial
Las denuncias realizadas por el independentista Frente Polisario, por
asociaciones de la sociedad civil saharaui y diversos grupos parlamentarios
europeos, ante la Unión Europea en Bruselas y ante las Naciones Unidas sobre el
carácter ilegal de la explotación de recursos por parte del Reino de Marruecos,
no han prosperado. El Departamento jurídico de la ONU respondió sobre la
denuncia de la ilegalidad de la explotación de recursos petrolíferos off-shore a
lo largo de las costas del Sahara Occidental, en base a la legalidad
internacional en vigor. Al tiempo que reconocía que el Sahara Occidental sigue
siendo un territorio no autónomo y aún por descolonizar, la ONU advertía que la
explotación de los recursos por la potencia administradora del Sahara se puede
hacer siempre que “favorezca a la población autóctona”, algo muy ambiguo y
difícil de probar.
La explotación de los recursos pesqueros de las costas del Sahara Occidental
ha sido objeto de múltiples polémicas. Medio centenar de grandes barcos
pertenecientes a varios holdings marroquíes sacan la mayoría de los recursos que
venden en los mercados internacionales. La principal empresa es el holding ONA
perteneciente al rey Mohamed VI. Otras empresas tienen como titulares a
generales, exministros y altos funcionarios del Estado marroquí. Hay también
sociedades pesqueras marroquíes con base en Casablanca, Safi o Agadir, asociadas
con empresarios saharauis. Además el estado marroquí ha firmado acuerdos con
empresas internacionales, japonesas, rusas, ucranianas, y ha permitido en un
gesto más bien simbólico e interesado, que un centenar de pequeños barcos
fletados por la Unión Europea — en su mayoría españoles y portugueses - faenen
en aguas saharauis.
En cuanto a los recursos en fosfatos y otros minerales, el Estado marroquí
llena las arcas con los beneficios de su exportación. Aunque el volumen de
fosfatos procedentes del Sahara Occidental — de la explotación a cielo abierto
de Fos Bucraa — representa menos de una décima parte de los 22 millones de
toneladas que produce Marruecos, los fosfatos del Sahara son de primera calidad
por su bajo contenido en metales pesados y por lo tanto responden a todas las
normas internacionales medioambientales. Una parte de los beneficios obtenidos
con la exportación de los fosfatos de Fos Bucraa revierte en el Sahara
Occidental a través de las grandes inversiones hechas por el Estado marroquí en
infraestructuras y servicios.
El Parlamento europeo ha recogido últimamente diversas denuncias sobre la
“competencia desleal” de productos agrícolas marroquíes procedentes tanto del
territorio del Sahara Occidental como del interior de las fronteras reconocidas
internacionalmente del Reino de Marruecos. Los eurodiputados franceses y
españoles han sido los más sensibles a esta cuestión.
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| Playas de Dakhla |
“El Imparcial” ha obtenido una copia de un documento elaborado en el Sahara
Occidental y que va dirigido al Parlamento y a la Comisión Europea, en el que se
denuncia particularmente la falsificación del certificado de procedencia de
diversos productos agrícolas, en particular los tomates, oficialmente exportados
a la UE desde Agadir (Marruecos), pero en realidad procedentes del Sahara
Occidental. La “Sociedad de producción de frutas y verduras” (SOPROFEL en sus
siglas en francés), mete en el mercado comunitario tomates de la calidad cherry
producidos en Dajla, la antigua Villa Cisneros, como si fueran parte del lote de
exportación de tomates que la UE permite a Marruecos.
Según el documento en cuestión en los años 60 del siglo pasado España
encontró grandes bolsas subterráneas de aguas freáticas en gran parte de la
región del Sahara. “España nunca llegó a aprovechar dichas aguas en proyectos
agrícolas en beneficio del pueblo saharaui; ya que al cabo de pocos años se
retiró del territorio sin respetar las exigencias de la ONU y la legalidad
internacional con la celebración de un referéndum de autodeterminación de
nuestro pueblo”, alega el escrito.
El primer proyecto de explotación agrícola en el Sahara apareció en la zona
de Tiniguir, continúa el documento, cercana a Dajla. En 1989 esas tierras fueron
expropiadas por Hassan II y pasaron a engrosar los “Domaines Royaux”
(explotación agrícolas gestionadas por el Palacio Real), y hoy veinte años
después siguen funcionando bajo la supervisión de funcionarios del Palacio y el
control de destacamentos de Fuerzas Auxiliares.
En 2005, leemos en el escrito de denuncia, con ocasión de la visita del rey
Mohamed VI al territorio del Sahara Occidental, fue agraciado por las
Autoridades locales con un regalo de extensos terrenos agrícolas en la región de
Tawarta, cerca de Dajla, y en la de Tighzart a 90 kilómetros de Laayún. Esta
última era conocida por los saharauis oriundos de la región por permitir el
cultivo de agricultura de subsistencia. En los años 80 y 90 centenares de
saharauis decidieron montar proyectos de agricultura en Tighzart y pidieron los
correspondientes permisos al ministerio de Agricultura de Rabat, que acogió
favorablemente la iniciativa y prometió estudiarla. Dio un primer acuerdo para
explotar 40 hectáreas en espera de estudiar una segunda etapa con 400 hectáreas
de tierras, todas ellas irrigadas en base a las aguas freáticas encontradas.
Sin embargo a partir de 2005, después de la visita de Mohamed VI a la región,
el ministerio de Agricultura se echó atrás de su anterior actitud favorable y
denegó los permisos correspondientes alegando que las tierras eran “propiedad
real”. Otro tanto ocurrió en la zona de Hagunia, al noreste de Laayun, relata el
documento en cuestión, donde estaba prevista la utilización de “miles de
hectáreas aptas para montar grandes proyectos de agricultura” en beneficio de la
población local. Ahí igualmente las Autoridades locales han desechado los
proyectos, por lo que los saharauis autores del documento, temen que se esté
preparando en la zona una explotación como la existente en Dajla destinada a
exportar productos agrícolas saharauis bajo etiqueta marroquí. Actualmente
existen una decena de proyectos agrícolas en curso sólo en la región de Dajla
(Perímetro de Tawarta , Dhar Lhauli , Tiniguir , Tawarta , Maraichage du Sahara
, Mijik , Negjir , Adrar y Agridak), que emplean una mano de obra de unos 10 mil
obreros y técnicos en su mayoría traídos desde el norte marroquí.
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| Etapas de la construcción del muro |
La explotación de recursos agrícolas del Sahara ha atraído a los magnates y grandes fortunas marroquíes, que ven en la misma un beneficio rápido y seguro. Poderosos hombres de negocios como Rachid Ait Hammou, la familia Tazzi y Hassam Derham se encuentran a la cabeza de dichas explotaciones. Este último miembro de una riquísima familia oriunda de Sidi Ifni que buscó refugio en Laayun entonces español en los años 60 huyendo de la represión política marroquí, está asociado con la firma francesa Puerik, y exporta miles de toneladas de tomates a Europa bajo cobertura de la empresa marroquí SOPROFEL.
Hassan Derham, perteneciente a la tribu de los Ait Baamran — objeto de litigio en los años 90 entre Hassan II y el Frente Polisario, ya que Rabat pretendía incluirla en el censo de votantes en el Referéndum de autodeterminación, y el movimiento independentista se oponía — no sólo es considerado como una de las grandes fortunas de los nuevos ricos del Sahara, por sus inversiones en pesca, explotación de distribución de energía y productos agrícolas, sino que se le sospecha vínculos con la red del narcotráfico detectada en el Sahara occidental por los servicios especializados de la Unión Europea. Algo que el interesado niega rotundamente y que los autores del citado documento alegan.
Para poder aplicar las normas de la legalidad internacional en la cuestión de la explotación de las riquezas del territorio del Sahara Occidental, es mas necesario que nunca que las Naciones Unidas y en consecuencia la Unión Europea, determinen de una vez por todas el estatuto de dicho territorio. El callejón sin salida de las negociaciones entre ambas partes, el Frente Polisario y el gobierno de Marruecos, va en detrimento de los intereses de la población que habita en el territorio.
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