Informe al Congreso sobre las medidas adoptadas por el
Gobierno de Marruecos relacionados con los derechos humanos y el Sahara Occidental
¿De dónde viene este Informe, quién ordena su elaboración,
quién lo hace y a quién lo dirige?
Este Informe viene de la Ley de Asignaciones Presupuestarias
de diciembre de 2012, aprobada por el Congreso de EE.UU. Dicha Ley, ordenaba al
Departamento de Estado americano a que presentara un Informe sobre las medidas
adoptadas por Marruecos, en relación a:
1).- El respeto a los derechos de las personas a expresar
pacíficamente sus opiniones acerca de la situación y el futuro del Sahara
Occidental; y
2).- Permitir el acceso sin trabas, al territorio del Sahara
Occidental, de las organizaciones de DD.HH, periodistas, representantes de
gobiernos extranjeros,
Todo ello, antes de cumplir las obligaciones de los fondos
consignados por la SFO (State Foreign Operations), bajo el título de
“Financiación Militar Extranjera”.
O dicho más claro, el Congreso quiere que la ayuda militar
que se ofrece a Marruecos esté condicionada a las dos cuestiones planteadas.
En su Informe de contestación, el Departamento de Estado,
utiliza un lenguaje rotundo y claro. Destacamos estas frases, extraídas
del Informe:
-“El Reino de Marruecos reclama su soberanía sobre el Sahara Occidental,
una posición que no es aceptada por la comunidad internacional”.
- “El
Sahara Occidental sigue bajo la autoridad de facto
administrativa del Reino de Marruecos, a pesar de que el Reino de Marruecos no
es reconocido, por la ONU, como Potencia administradora del Sahara Occidental”.
Ya entrando en harina, el Informe, concluye que:
“Las condiciones generales de los derechos humanos en el
territorio plantean una serie de graves preocupaciones, incluidas las
limitaciones a la libertad de expresión y reunión, el uso de la detención
arbitraria y malos tratos físicos y verbales de los detenidos durante las
detenciones y encarcelamientos”.
En el apartado bajo el título de Derechos de las personas a
expresar sus opiniones sobre el Sahara Occidental, el Informe, dice:
-El Reino de Marruecos se refiere a los desafíos a su
integridad territorial como un grave atentado a la seguridad estatal. Por lo
que, añade el Informe;
-Hay continuas restricciones, en particular, sobre los
derechos de reunión pacífica y la publicación, por cualquier medio, de
opiniones que defiendan la independencia o un referéndum que incluya la
independencia como opción;
-Las manifestaciones o cualquier acto a favor de la
independencia está estrictamente prohibido por la ley;
-Los arrestados por protestar contra la incorporación del
Sahara Occidental a Marruecos no reciben un juicio público justo;
-La distribución de panfletos a favor de la independencia o
de un referéndum que incluya la independencia como opción está prohibida
-El gobierno deniega el acceso a los sitios webs
considerados como controvertidos, como los que defienden la independencia;
-Las ONGs locales a las que, la Administración marroquí,
considera que no tienen un compromiso con la ‘marroquinidad’ del Sahara tienen
dificultades para registrarse y operar libremente;
-Las ONGs no registradas legalmente no pueden tener acceso a
los fondos públicos u obtener financiación y tienen dificultades para obtener
espacio para reuniones pacíficas;
-El Código de Prensa enumera las amenazas al Orden Público
como una razón para la censura y el gobierno tiene la capacidad para revocar y
suspender licencias y confiscar las publicaciones.
En el apartado de Documentación de violaciones de DD.HH, el
Informe concluye que a pesar de la existencia de dos oficinas del Consejo
Nacional de DD.HH, una en El Aaiún y, la otra, en Dajla, Marruecos, sigue
negándose a hacer público el Informe de 2011 de ese mismo CNDH, ello a pesar de
que los funcionarios estadounidenses han instado al Reino de Marruecos a que
haga públicos los Informes, incluida, la información específica sobre el Sahara Occidental.
En otro apartado, bajo el título de El acceso al Sahara
Occidental por las organizaciones de derechos humanos, periodistas y
representantes de gobiernos extranjeros, el Informe dice:
Funcionarios de EE.UU y diplomáticos de terceros Estados
viajan con regularidad al Sahara Occidental para reunirse con activistas
saharauis, con funcionarios de la ONU (MINURSO) y con funcionarios del Reino de
Marruecos. Y que las observaciones de esos funcionarios estadounidenses y sus
conversaciones con los activistas saharauis componen el Informe Anual sobre
DD.HH que publica el Departamento de Estado. Además de ello, una reciente
visita de la ONG Centro
RFK, se concluye que existen graves violaciones de DD.HH en
el territorio.
Así, la legislación marroquí,
- Prohíbe a los ciudadanos expresar su oposición a la
posición oficial con respectos a la integridad territorial y el Sahara Occidental;
-La mayoría de los medios de comunicación y bloggers
practican la autocensura en esos temas;
-Algunos bloggers se sienten vigilados constantemente por
las autoridades, por lo que tienen que ocultar su identidad;
-El gobierno impone estrictos procedimientos que limitan
considerablemente la capacidad de las ONGs y los activistas para reunirse con
periodistas;
-Los periodistas extranjeros necesitan la aprobación oficial
previa del Ministerio de Comunicación antes de reunirse con las ONGs
independentistas;
-El Reino de Marruecos rechaza la presencia permanente de la
Oficina del ACNUDH y la ampliación del mandato de la MINURSO para que se ocupe
de los DD.HH
En fin, esto parece confirmar esa teoría según la cual, todo
cuanto acontece fuera de Rabuni nos favorece, pero todo lo que hacemos nosotros
en Rabuni (la gestión de nuestros responsables) nos desfavorece.
Haddamin Moulud Said.
En Valencia, a 8 de octubre de 2012.
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