Con dos iniciativas anunciadas
recientemente, Marruecos está tratando de marcar puntos en materia de derechos
humanos para evitar que esta delicada cuestión se cuele el mes próximo en los
nuevos debates de la ONU sobre el Sáhara Occidental.
En abril, el Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas debatirá la prolongación del mandato de la MINURSO, la misión
que desde 1991 vigila el alto el fuego en esta ex colonia española controlada
por Rabat y reivindicada por el Frente Polisario, apoyados por Algeria.
En los debates del año pasado, Marruecos
tuvo que bregar duro con un proyecto de resolución norteamericano, que quería
ampliar el mandato de la MINURSO a la vigilancia del respeto de los derechos
humanos.
Después de muchas presiones, Rabat
consiguió que Washington retirara su proyecto, con lo que el texto de la ONU se
limitó a pedir "una mejora de la situación".
En máxima alerta, el rey Mohamed VI advirtió poco
después que "las maniobras de los enemigos de nuestra integridad
territorial no se van a detener", y pidió "arrinconar a esos
adversarios".
Desde entonces, Marruecos parece haber
optado por pasar a la ofensiva, con dos iniciativas con las que quiere mostrar
su buena voluntad en materia de derechos humanos y que han sido apoyadas por
España y Francia.
El 13 de marzo, el gobierno dijo que quiere
responder mejor a las denuncias de ciudadanos por presuntas violaciones de
derechos humanos, en particular en el Sáhara Occidental.
Concretamente, el gobierno dijo que
nombrará en cada ministerio a funcionarios encargados de tratar las denuncias
presentadas por ciudadanos ante el Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH, oficial).
Esas denuncias, y "en particular"
las procedentes de las delegaciones del CNDH en El Aaiún y Dajla, dos ciudades
del Sáhara, recibirán "una respuesta oficial en un plazo de tres meses, que
será publicada", puntualizó el gobierno.
Al día siguiente, y pocas horas después del
regreso del rey de una gira diplomática por África, Marruecos anunció la
aprobación en consejo de ministros de un proyecto de ley que pone fin a la
posibilidad de que los civiles sean juzgados por un tribunal militar.
La decisión era muy esperada, tras las
críticas formuladas hace un año por las ONG internacionales contra el proceso
de 25 saharauis, acusados del asesinato de miembros de las fuerzas del orden
durante el desmantelamiento del campo de refugiados de Gdim Izik a finales de 2010.
El director de Amnistía Internacional en
Marruecos, Mohamed Sektaui, consideró que es un "paso importante", en
declaraciones a la agencia oficial MAP.
Interrogado por la AFP, el historiador y
especialista del Magreb Pierre Vermeren estableció un vínculo entre estas dos
iniciativas y el próximo debate en la ONU.
"El vínculo con la votación en la ONU
es una evidencia. Es de esperar que la parte adversa de Marruecos se movilice
para llamar de nuevo la atención sobre la cuestión de los derechos humanos. Ahora,
esto da un poco de crédito a la posición marroquí", explica.
"El objetivo de todo esto es evitar
que la ONU vuelva a hablar de la ampliación del mandato de la MINURSO", coincide
Hamud Iguilid, responsable en El Aaiún de la Asociación Marroquí de Derechos
Humanos, independiente.
Iguilid critica una "diplomacia de
fachada" hacia Occidente, y pide que "se vuelva a juzgar por lo civil
a los prisioneros de Gdim Izik".
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