EL PAIS
Javier Casqueiro Madrid 19 MAR 2014
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El próximo 31 de abril, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
debatirá la prolongación del actual mandato en el Sáhara Occidental de la
Minurso (la misión de la ONU que vigila desde 1991 el alto el fuego en la
excolonia española). Y la campaña en marcha de presiones políticas, económicas
y diplomáticas está desatada y en su recta final. Marruecos quiere evitar de
nuevo a toda costa que la ONU discuta y apruebe incluir en ese mandato futuro
de la nueva Minurso cualquier alusión a la vigilancia de los derechos humanos
en ese territorio y para ello está desplegando todos sus encantos. Incluidas
las más inéditas reformas legales. El Frente Polisario no se quiere quedar
atrás. Este próximo lunes enviará a su embajadora más simbólica, Aminatu Haidar
—que adquirió renombre por su huelga de hambre en España tras ser expulsada de
El Aaiún—, a comparecer ante la comisión de Exteriores del Congreso
norteamericano.
La semana pasada, el rey Mohamed VI anunció,
nada más regresar de una larga gira africana, la aprobación en Consejo de
Ministros de un proyecto de ley para terminar con los juicios a civiles en los
tribunales militares. Una demanda que habían planteado muchas organizaciones
humanitarias y que el Gobierno de Estados Unidos le requirió en noviembre
pasado cuando Mohamed VI visitó la Casa Blanca. También la habían solicitado
Francia, España, Suiza y Argelia, el vecino y tradicional aliado del Polisario.
El último precedente de un polémico juicio
militar sobre civiles ocurrió en Marruecos en febrero de 2013, cuando un
tribunal juzgó a 23 activistas saharauis acusados de matar a 11 miembros de las
fuerzas de seguridad en 2010 en Gdim Izik, cerca de El Aaiún. El Gobierno
también ha anunciado, en este mismo contexto, que nombrará a funcionarios en
cada Ministerio para investigar las denuncias tramitadas por los ciudadanos
ante el Comité Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y que esas quejas deberán
recibir respuesta pública en tres meses.
Este proyecto de ley introduce otros
cambios encaminados a promover la justicia militar, "diferenciándola del
modelo del tribunal de excepción, y a inscribirla dentro de las instituciones
judiciales especializadas, valedoras de los derechos y de las libertades, en
cuanto a la competencia, organización y procedimientos, así como la composición
de la Corte del tribunal militar", se especifica en el texto. En ese marco,
el proyecto prevé excluir a los civiles de la competencia del tribunal militar
sean cual sean los crímenes cometidos y excluye a los militares de la
competencia del tribunal militar si cometen crímenes de derecho común.
Los analistas, en cualquier caso, no creen
que al Gobierno marroquí le haya entrado un furor proderechos humanos en unas
semanas. Lo interpretan más como otro gesto en su campaña por situar Marruecos
como un país más moderno que sus vecinos del Magreb en un momento clave, a muy pocas
semanas de que se vote en la ONU la supervisión sobre el Sáhara. En el
Ejecutivo de Rabat se habla de “paso histórico”, y hasta portavoces de algunas
ONG, como Amnistía Internacional, han valorado su importancia. Otras
organizaciones sociales han minimizado ese avance y cuestionan el
comportamiento en algunos casos violentos del gobierno marroquí.
En esa línea, el portavoz y emisario del
Frente Polisario en España, Bucharaya Beyún, tildó este movimiento de Marruecos
simplemente de pura táctica. “Para nosotros no significa nada, es igual que
juzguen a nuestros activistas en tribunales civiles o militares, van a ser
condenados de la misma manera”, declaró a EL PAÍS. El Polisario entiende que lo
importante en esta disputa sigue sin resolverse: “Hay que dar más tiempo al
mandato de la Minurso; el enviado especial, Christopher Ross, tiene que
concitar un mayor respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU porque en su
última visita solo le recibió en Marruecos un secretario de Estado y ni
siquiera vio a un ministro; y ahora es más necesario que nunca que tenga
poderes para vigilar el cumplimiento de los derechos humanos, porque si no la
población se va a ver empujada a radicalizarse”.
Disputa de lobbies
El Gobierno marroquí cuida con mimo su
particular relación política, económica y estratégica con Washington. Distintas
fuentes calculan que se ha gastado unos 20 millones de dólares desde 2007 en
diversos lobbies radicados en la capital de EE UU a favor de sus derechos sobre
el Sáhara.
El Frente Polisario también tiene sus aliados. La próxima visita
de la activista Aminatu Haidar, el lunes que viene ante el comité de exteriores
del Congreso norteamericano, ha sido organizada por Kerry Kennedy, del Centro
Robert Kennedy para la Justicia y los Derechos Sociales.
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