El
enviado personal del secretario general para el Sáhara Occidental, Christopher
Ross, pasará probablemente por Madrid este 27 de octubre en su recorrido por la
región, cuyo propósito es, según el anuncio de la ONU , “intercambiar puntos de
vista con actores clave sobre la manera de acelerar el proceso hacia el logro
de su objetivo central identificado por sucesivas resoluciones del Consejo de
Seguridad, es decir, una solución política mutuamente aceptable que permita la
autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental”.
Ross
debería haber hecho este viaje en mayo pasado, si no fuera por la curiosa y
sorprendente decisión marroquí de poner fin a la cooperación con él. Ross
regresa al terreno con la misión de “acelerar el proceso hacia su objetivo
último”. Ello requerirá reexaminar, de un lado, las causas que condujeron al
impasse actual y, de otro, la consistencia de las diferentes propuestas de
solución que existen actualmente sobre la mesa del Consejo de Seguridad.
El
proceso actual que dirige en nombre de la ONU no parte en realidad del año 2007, en
Manhasset, sino en 1979. En ese año, la Resolución 3437 (1979) de la Asamblea General
insta a Marruecos a “poner fin a su ocupación militar del Sáhara Occidental y a
negociar con el Frente Polisario, en calidad de legítimo representante del
pueblo saharaui, los términos de un alto el fuego y las modalidades de un
referéndum de autodeterminación”.
El
resto es sabido. Rabat llega a finales de 1998 a la conclusión de que
el referéndum conduce inevitablemente a la independencia del Sáhara Occidental
y toma la decisión de escamotearlo.
Tras
rechazar el Plan Baker, Rabat comunica en abril de 2004 al secretario general
de la ONU , Kofi
Annan, que se opondrá a todo plan de paz que incluya la opción de la
independencia del Sáhara Occidental con el argumento de que la independencia
“pone en entredicho la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental”. Kofi Annan
responde en su informe de octubre de 2004 que la “opción de la independencia ya
había sido aceptada por Marruecos en el Plan de arreglo”. Hace apenas dos
semanas, el informe del Departamento de Estado americano al Congreso subrayaba
que “Marruecos reivindica la soberanía sobre el Sáhara Occidental, posición que
no es aceptada por la comunidad internacional”. El informe va más allá cuando
subraya que “Marruecos no es considerado por la ONU la potencia administradora de iure del
territorio”. En realidad lo es España, aunque siga evadiendo esta verdad.
En
junio de 2007, animado por algunos sectores de la Administración de
Bush, el mismo Chirac, Zapatero y, más tarde, Sarkozy, Marruecos presenta al
secretario general su famosa propuesta de “autonomía”, que es inmediatamente
contrarrestada por la propuesta del Frente Polisario. El Consejo de Seguridad
toma nota de las dos sin calificar a ninguna de ellas de “seria o creíble” como
lo quiere hacer ver Marruecos. No hay más que leer el texto de la Resolución 1754 (2007).
Sobre la base de estos desarrollos, iniciamos el proceso de Manhasset, en junio
de 2007.
La
“tercera vía” que propuso Rabat es en realidad una solución unilateral
destinada a legitimar un “botín de guerra”. Su pecado capital radica en la
presunción irrealista de que la comunidad internacional y el Frente Polisario
aceptarían de entrada su premisa esencial, es decir, la soberanía marroquí
proclamada unilateralmente sobre el Sáhara Occidental.
Para
Rabat, la autodeterminación es algo secundario, superfluo, y su función es
“confirmar un acuerdo” que ha de versar únicamente sobre la incorporación del
territorio a Marruecos, y esta debe ser la única finalidad de la negociación.
Marruecos
continua lejos de la realidad, del sentido común y de la legalidad internacional
La
propuesta saharaui difiere de la marroquí en la medida en que deja abierta la
posibilidad a todas las opciones reconocidas por la ONU para un problema de
descolonización y, por consiguiente, a todas las soluciones, incluidas la
independencia y la autonomía o la integración, que es el mismo perro con
distinto collar.
Consecuentemente,
la negociación, a los ojos del Frente Polisario, debe situar el centro de
gravedad en la consulta al pueblo saharaui y su finalidad estriba en remover
los obstáculos en el camino del referéndum de autodeterminación.
Esta
visión ha sido revalidada por el secretario general de la ONU en su informe de abril de
2011, al enfatizar que “conocer la opinión del pueblo saharaui es el elemento
central en la búsqueda de toda solución justa y duradera”.
El
punto novedoso que incorpora la propuesta del Frente Polisario es la invitación
a Marruecos de ampliar el horizonte de miras y aprovechar el proceso para
visualizar los términos recíprocamente ventajosos en los dos supuestos
—independencia o autonomía— que entrarían en vigor al día siguiente de los
resultados del referéndum. Marruecos continúa dando la espalda a esta
invitación.
Han
pasado cinco años desde el inicio del proceso de Manhasset y forzoso es
constatar que no lleva a ninguna parte por la sencilla razón de que la
propuesta marroquí, tal y como está articulada, mina los fundamentos y razón de
ser de un proceso de autodeterminación relativo a un conflicto de
descolonización. Mientas tanto, Marruecos quiere aparecer como voluntario para
“caer en medio de fuegos” lejanos en el Sahel, Oriente Próximo. La estrategia
evasiva es evidente. Algunos pueden estar empujando al joven rey hacia esas
latitudes a cambio de “promesas”. Sea como fuere, animado por algunos, dentro o
fuera, Marruecos continua orbitando lejos de la realidad, del sentido común y
de la legalidad internacional. A la larga, no le hacen ningún bien a Marruecos
ni a la región. Esa órbita y su corolario en materias de violación de derechos
humanos —“motivo de serias preocupaciones” hasta para el Departamento de
Estado— y de expolio de riquezas de un pueblo indefenso, no puede sino agravar
la tensión, alejar más y más a los saharauis y marroquíes y complicar la misión
de Ross.
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