MADRID // En Dajla, los activistas saharauis acaban a menudo maltrechos y
golpeados en el vertedero local, después de pasar por las manos de la policía
marroquí que los abandona allí para que vuelvan a pie a la ciudad, como si
quisiera subrayar que para ellos son sólo basura. La práctica se ha hecho tan
frecuente que cuando un saharaui desaparece, muchas veces sus familiares y
amigos ponen rumbo directamente al vertedero para recogerlo y llevarlo de vuelta
a casa.
Pero la forma de actuar de Marruecos hacia los saharauis va mucho más allá,
según las asociaciones y colectivos que llevan años denunciando las violaciones
de derechos humanos en la antigua colonia española. Unos territorios que
Marruecos se anexionó por la fuerza en 1975, gracias a la Marcha Verde y a los
ilegales Acuerdos Tripartitos de Madrid.
Asociaciones como el Observatorio Aragonés del Sáhara Occidental. Dos de sus
miembros, el jurista Luis Mangrané y la activista Blanca Enfedaque, acaban de
volver de una misión de acompañamiento sobre el terreno en la que han
“comprobado” cómo Marruecos, además de desatar todo el poder de su aparato de
seguridad contra los activistas, sigue “utilizando a los tribunales”, no para
impartir justicia, sino como un privilegiado “instrumento de represión”, asegura
Mangrané.
El martes pasado, 16 saharauis de entre 20 y 46 años comparecieron ante un
tribunal marroquí de apelación en El Aaiún, la capital administrativa del
territorio. Todos están acusados por delitos de derecho común, como pertenencia
a banda armada, por su supuesta participación en los sucesos de otoño de 2011 en
Dajla. El 25 de septiembre del año pasado, un partido de fútbol acabó con graves
enfrentamientos entre marroquíes y saharauis, en los que murieron siete
personas.
Las autoridades marroquíes sostuvieron entonces que todo empezó como una mera
reyerta entre hinchas de los dos equipos, a los que siguieron actos de
vandalismo. La versión de los saharauis de Dajla, que hoy por hoy son ya sólo el
30% de la población de la ciudad, fue muy diferente.
Según ellos, bandas de marroquíes armados con palos y cuchillos atacaron a
los saharauis, con el apoyo de la policía, y penetraron en los barrios habitados
por población autóctona echando abajo las puertas y saqueando las casas. Un
joven saharaui, Maichan Mohamed Lamin Lahbib, nacido en 1982, murió a causa de
“los múltiples golpes propinados por los colonos marroquíes en las calles de la
ciudad”, denunció entonces la asociación Sahara Thawra.
Los otros seis fallecidos, de acuerdo con la versión de los saharauis,
perecieron por “fuego amigo” de la policía marroquí en dos de los casos, y los
cuatro restantes perdieron la vida en un accidente de tráfico en un coche robado
a un saharaui.
Los activistas que comparecieron el martes ante el tribunal fueron detenidos,
acusados por su supuesta participación en los sucesos de Dajla, y luego
condenados en primera instancia a penas que van de uno a tres años de cárcel. La
vista de la apelación del pasado martes se aplazó finalmente a petición de la
defensa. Otros 14 saharauis inculpados por los mismos delitos siguen prófugos de
la justicia marroquí.
Las misiones de juristas
Desde hace años, la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara
Occidental (IAJUWS, en sus siglas en inglés) y el Consejo General de la Abogacía
de España envían misiones de acompañamiento y vigilancia cuyos participantes
asisten a los juicios de saharauis. A la vista de la apelación de los presos de
Dajla asistieron el martes los abogados Luis Mangrané, que también forma parte
de la IAJUWS, y Magdalena Such, acompañados de la activista del Observatorio
Aragonés Blanca Enfedaque.
Para Mangrané, el argumento que demuestra que la justicia marroquí es un
“arma de represión” parte del hecho de que estas condenas fueron dictadas pese a
que no había “nada” para incriminar a los acusados. Este letrado asegura que la
Fiscalía no presentó “ni pruebas ni testigos” y que además las confesiones
“fueron obtenidas mediante torturas”.
Otro hecho es en su opinión “revelador”. Los detenidos, juzgados todos por
“los mismos delitos y el mismo grado de participación en ellos” –explica
Mangrané- han sido condenados a penas diferentes.
Blanca Enfedaque recalca que esto se debe a que los activistas más veteranos
“que ya eran conocidos por la policía y llevaban tiempo en la lucha” han sido
objeto de penas de cárcel más largas para apartarlos de la circulación, “lo que
apunta a que las autoridades marroquíes aprovecharon los sucesos de Dajla para
descabezar la lucha al movimiento saharaui de la ciudad”.
Otro de los fines de estas acusaciones es desacreditar a los inculpados,
asegura Enfedaque: “Como dice Brahim Dahan [un conocido activista saharaui de
Derechos Humanos], Marruecos acusa de delitos comunes a quienes en realidad son
presos políticos con la intención de banalizar su lucha”.
Estos presos han denunciado haber sido torturados. En vano, pues los
tribunales han hecho caso omiso y no han permitido que fueran reconocidos por un
médico. Ni siquiera en el caso de Aomar Elmahjoub Elkazzazi, que denunció haber
sido violado.
La historia de Sukaina
Sukaina el Idrissi es una de esas
mujeres saharauis cuya odisea vital parece haber discurrido de forma análoga a
la de otras activistas más conocidas para el gran público, como Aminetu Haidar,
y cuya vida ha estado marcada, al igual que en el caso de Haidar, por la cárcel,
la tortura y la desaparición forzosa. También por la coherencia, porque los más
de diez años que esta mujer ha pasado en prisión no han conseguido
silenciarla.
Sukaina nació en 1957 en Gueltat Zemur en el seno de una familia nómada que
se dedicaba a criar ganado buscando pastos en todo el Sáhara Occidental. Desde
muy joven, empezó a militar en pro del derecho a la autodeterminación lo que le
valió ser secuestrada el 15 de enero de 1981. Con los ojos vendados y las manos
atadas fue conducida a un antiguo cuartel del ejército español reconvertido en
cárcel, donde fue torturada salvajemente.
Después siguieron diez años de reclusión, sin tener derecho a un abogado ni a
comparecer ante un tribunal, en algunos de los centros de detención secreta de
peor recuerdo para los saharauis, como el terrible Qalaat M’gouna.
Tras recuperar la libertad, Sukaina no se calló. Y volvió a la cárcel en
varias ocasiones, donde de nuevo fue torturada. Su delito no fue otro que seguir
reclamando la autodeterminación del Sáhara Occidental, un derecho por lo demás
recogido, aunque sólo sobre el papel, en más de 50 resoluciones de Naciones
Unidas.
La última de las agresiones que ha sufrido esta saharaui, ahora divorciada y
madre de tres hijos, tuvo lugar el 25 de agosto durante la visita al Sáhara
Occidental de una delegación del Centro para la Justicia y los Derechos Humanos
de la fundación estadounidense Robert Kennedy.
En presencia de numerosos testigos, varios policías, azuzados por el pachá de
El Aaiún en persona, le propinaron una paliza. El propio pachá pateó a Sukaina
en la cabeza y en los riñones. Durante varios días la activista estuvo orinando
sangre. Después, un médico local apareció en la radio de El Aaiún acusándola de
mentir y de organizar un “montaje”.
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