Marruecos / Sáhara Occidental: Los saharauis condenados deben ser juzgados con las debidas garantías en tribunales civiles
El 17 de febrero el Tribunal Militar de Rabat impuso nueve penas de cadena perpetua y condenó a otros 14 acusados a entre 20 y 30 años de prisión. Otros dos acusados quedaron en libertad tras cumplir en detención preventiva la pena de dos años de prisión que les fue impuesta.
Las sentencias condenatorias se refieren a los actos de violencia que se produjeron durante y tras el desmantelamiento por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes del campamento de Gdim Izik en noviembre de 2010, durante los que murieron 11 integrantes de las fuerzas de seguridad y dos saharauis. El campamento había sido levantado por saharauis que protestaban por sentirse marginados y pedían trabajo y una vivienda adecuada.
Más de dos años después, y pese a los insistentes llamamientos de Amnistía Internacional y otros, las autoridades marroquíes siguen sin abrir una investigación independiente e imparcial sobre los abusos contra los derechos humanos cometidos en relación al desmantelamiento del campamento.
Los acusados han asegurado reiteradamente que fueron torturados y sometidos a otros malos tratos mientras se encontraban recluidos, y que los coaccionaron para que firmasen las declaraciones.
Amnistía Internacional exige una investigación independiente sobre las denuncias de tortura y pide para los saharauis condenados un juicio en tribunal civil independiente e imparcial que desestime toda prueba obtenida bajo tortura o coacción.
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